EMPLEO PÚBLICO

El PP de Granada insta a negociar la oferta de empleo recurrida

. 09/11/2007
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Se han convocado algunas plazas recurridas.

El grupo popular de la Diputación de Granada ha pedido al gobierno de coalición (PSOE e IU) que negocie con CC.OO. la retirada del recurso que dicho sindicato presentó en el Juzgado para tratar de frenar una parte de la oferta de empleo público de 2006 al considerarla "discriminatoria". Se da la circunstancia de que las pruebas de algunas de las plazas recurridas se han convocado para los próximos días sin esperar a la decisión que adopte el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, que admitió a trámite la denuncia de CC.OO. y cuya vista oral está prevista en septiembre de 2008.


La diputada provincial del PP María Victoria Molina, al igual que CCOO, advirtió del conflicto laboral que se puede producir si tiene lugar la selección de personal de las 180 plazas -a las que se han presentado más de 7.000 personas-, y luego la Justicia se pronuncie a favor del recurso del sindicato, circunstancia que anularía el proceso.


Molina calificó de "prepotente" la postura que viene manteniendo el área de Recursos Humanos que dirige Javier Torice, al que criticó por no haber constituido aún la Comisión de Interpretación y Vigilancia, un órgano interno que vela por los intereses de los trabajadores. "Hay un riesgo evidente y no se tenía que haber llegado a este extremo. El gobierno debía haber negociado con CCOO para que retirara su recurso pero prefiere ir por libre, sin consensuar nada con los sindicatos y haciendo de la institución su cortijo", censuró.


La oposición reconoce que es legal la decisión del gobierno de seguir con el proceso aunque censuró que no se quiera dialogar ahora con CC.OO. y se esté dispuesto a negociar a posteriori en caso de que la Justicia dé la razón al sindicato.


En concreto, CC.OO. se opuso a las convocatorias que afectan al proceso de consolidación de empleo, las plazas de laborales y a las de funcionario de la Administración Especial por entender que no respondían a las necesidades reales de la Diputación y eran discriminatorias al no garantizar el principio de igualdad.


El resto de sindicatos respaldaron la convocatoria pública que elaboró la entonces diputada Inmaculada Oria y el director del Área de Recursos Humanos, Bernardino Martín, ambos fuera ya de Diputación.

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