EMPLEO PÚBLICO

El teletrabajo llega a la administración pública

. 16/08/2007
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Se pretende conciliar la vida laboral y familiar

Recientemente el ministro de administraciones públicas, Jordi Sevilla, presidió la reunión del foro para el diálogo social en las administraciones públicas con representantes de los sindicatos CCOO, UGT y CSI-CSIF. En dicho encuentro se presentó el proyecto del real decreto sobre el sistema de teletrabajo y las tres organizaciones apoyaron la extensión de esta nueva modalidad a toda la administración general del estado. El foro, además, realizó un balance muy positivo de las medidas acordadas en la declaración para el Diálogo Social en las Administraciones Públicas, de 21 de septiembre de 2004, estimando un grado de cumplimiento del 85%. Asimismo, aprobó un grupo de trabajo para el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público.


Conciliación de la vida laboral y familiar

El teletrabajo es la prestación de servicios en los que se desarrolla una parte de la jornada laboral de manera no presencial y desde un puesto de trabajo en el que se garantizan las condiciones de prevención de riesgos laborales, de seguridad social, privacidad y protección de datos, etc. Este sistema de teletrabajo situará a la administración en vanguardia del uso de medios electrónicos para favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar.


El Ministerio de Administraciones Públicas ha propuesto la iniciativa de este sistema para los empleados públicos que cumplieran determinados requisitos establecidos en el proyecto de Real Decreto. Relacionado con el Plan Concilia, se han desarrollado dos experiencias piloto en los servicios centrales del Ministerio de Administraciones Públicas, cuyos buenos resultados han sido decisivos para proponer su extensión a otros departamentos. El tiempo que se puede prestar el servicio en el domicilio tiene una limitación máxima del 40% del total de la jornada.


Para poder desarrollar el teletrabajo cobran especial importancia los medios técnicos e informáticos, así como la protección y confidencialidad de los datos que se manejan. Se tiene en cuenta también la seguridad y salud para esta prestación y, asimismo, se contemplan fórmulas de seguimiento de los programas en su conjunto a través de la Comisión Coordinadora de Inspecciones de Servicios.

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