El Gobierno de Cantabria tendrá listo en los próximos meses un borrador del proyecto de ley de Función Pública

EMPLEO PÚBLICO

El consejero de Presidencia y Justicia de Cantabria, Vicente Mediavilla, ha comunicado a los representantes sindicales con representación en la administración autonómica que el ejecutivo cántabro espera tener listo en los próximos meses un borrador del proyecto de Ley de Función Pública, documento que será trasladado para contar con sus aportaciones.


Mediavilla trasladó este anuncio a los sindicatos CC.OO, CEMSATSE, CSI-CSIF, SIEP y USO en el marco de un primer contacto institucional tras el comienzo de la nueva legislatura.


El consejero de presidencia señaló que la reforma de la Ley cántabra de Función Pública es una de las actuaciones “más importantes” que el ejecutivo debe de abordar tras la reciente aprobación del Estatuto Básico del Empleado Público, ya que se trata de fijar “el régimen jurídico básico del personal”.


A juicio de Mediavilla, la reforma será el “instrumento idóneo para impulsar la modernización de la administración autonómica”, por lo que “resulta necesario contar desde el primer momento con la participación activa de los sindicatos”.


El consejero explicó que el borrador en el que trabaja su departamento será el “esqueleto” de la futura ley y sobre el que trabajará un equipo que se creará para desarrollar normativamente el Estatuto Básico del Empleado Público en Cantabria. Este equipo estará formado por representantes del gobierno regional, la Federación de Municipios y una comisión de expertos en la materia.


Apuntó que este trabajo se realizará “sin prisas y con prudencia”, tiempo en el que Cantabria tendrá en cuenta las experiencias de la Administración General del Estado y de otras autonomías.


El documento fijará “líneas programáticas básicas de lo que debe ser el empleo público en las administraciones públicas autonómica y local”. Posteriormente, y a nivel reglamentario, se regularán las cuestiones más concretas como las situaciones administrativas, el régimen jurídico específico de provisión de puestos de trabajo, etcétera. “Será un marco normativo que estará vigente muchísimos años en la Administración Autonómica y en el resto de instituciones públicas”, concluyó Mediavilla.

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