Impulso a la acreditación de unidades docentes en las especialidades médicas más demandadas

EMPLEO PÚBLICO

La oferta MIR contará en las próximas convocatorias, al menos hasta 2010, con más plazas en las especialidades más demandadas. Para conseguirlo, el Ministerio de Sanidad y Consumo tiene previsto aumentar la acreditación de unidades docentes en esas especialidades.


Ésta es una de las medidas puestas en marcha para solucionar las necesidades de especialistas en el Sistema Nacional de Salud. El incremento de unidades docentes acreditadas, las autorizadas para formar a Médicos Internos Residentes (MIR) se hará, en cualquier caso, condicionado a que estas unidades, dependientes de centros hospitalarios, cumplan con los requisitos técnicos y académicos exigidos para la acreditación.


Además del incremento de unidades docentes acreditadas, el Ministerio se ha propuesto lograr una mayor coordinación de la oferta docente anual, a cuyo efecto se han mantenido diversas reuniones con las comunidades autónomas, con las que se elabora de forma consensuada la oferta MIR cada año.


Además, se ha planteado una nueva planificación de la oferta de plazas en las facultades de Ciencias de la Salud al objeto de poder hacer frente a futuros déficits que puedan aparecer en la próxima década.


También se ha solicitado a las comunidades autónomas información de su demanda de especialistas en función del incremento poblacional, la apertura de nuevos centros sanitarios o la organización de servicios.


Otro de los puntos en los que trabaja el Ministerio de Sanidad y Consumo es en mejorar los procesos de incorporación de los profesionales extranjeros al Sistema Nacional de Salud, con las máximas garantías de calidad, para lo que se va a modificar y agilizar el procedimiento de homologación de títulos extranjeros de los profesionales sanitarios.


Por último, se ha iniciado el proceso para la creación del registro de profesionales sanitarios. Para ello, ha sido aprobado el Real Decreto 1269/2007, de 21 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de ayudas a las Comunidades Autónomas para la implantación de sus registros autonómicos, que necesariamente deben ser la base para el futuro registro central.

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